viernes, 21 de septiembre de 2012

Gestión equilibrada de las universidades privadas

Las universidades privadas están bajo presión, y con razón, para mejorar su rendimiento. Esto se debe a que sólo una pequeña cantidad está funcionando razonablemente bien.

Teniendo en cuenta las instalaciones de infraestructura, las calidades docentes, baja relación profesor-alumno, el escaso o mal uso de la tecnología informática tanto en la enseñanza como en la gestión, la escasa investigación y la deficiente automatización de las bibliotecas y otros servicios de apoyo esenciales, hay mucho que desear desde estas universidades no rentables. Además, en algunos casos, incluso hay denuncias de mala práxis.
Urge adoptar medidas correctoras para revertir esta situación.
Los principales interesados (el gobierno de las propias universidades, plasmado en los patronatos de sus fundaciones, los fundadores y, a veces, propietarios reales de las estructuras de la propia universidad e incluso los propios gestores universitarios) han de  intentar conjuntamente institucionalizar un sistema que les permita hacer lo que se supone que deben hacer para satisfacer las expectativas de la sociedad.
La sociedad espera que las universidades privadas impartan una educación de calidad, socialmente relevante, produciendo mano de obra altamente calificada, en todos los aspectos (técnico-científicos y personales) a un coste razonable.
El buen gobierno y mejores prácticas de gestión son un requisito previo para el aseguramiento de esa calidad esperada. Las buenas prácticas de gestión son imprescindibles, y no únicamente en visión de conjunto, sino también a nivel micro, llevando la excelencia a todos y cada uno de los procesos y tareas de que se configura el conjunto de la universidad, no únicamente de los procesos docentes, sino haciendo extensiva la necesidad de calidad a todos y cada uno de los estamentos de la entidad.
Esa búsqueda de la excelencia a nivel micro ha de estar coordinada con el alcance de sus objetivos como institución, dada su visión y misión.
La legislación vigente ofrece un marco legal y un conjunto de directrices de política, normas y reglamentos, pero su cumplimiento ha de hacerse a la luz de los propios estatutos de las universidades.  La calidad de la educación depende en igual medida del control del nivel macro de gestión, de la excelencia del nivel micro de gestión y del equilibrio entre ambos niveles, que se puede hacer efectivo mediante la aplicación de políticas, normas, reglamentos y procedimientos internos de gobierno. La coordinación entre las áreas docentes y las de gestión es imprescindible.
La ley no está destinado principalmente a "controlar" las universidades, sino que tiene por objeto facilitar su buen funcionamiento sin desalentar la inversión privada en la educación superior.
Las universidades públicas y privadas coexisten, y, en ocasiones, se complementan entre sí.
El grado de buena gobernanza en el sistema universitario privado se define por la prudencia. Una prudencia que contrarresta con la osadía que caracteriza la gestión en los ámbitos empresariales ajenos al mundo universitario. Una prudencia que de un sentido de solidez, continuidad y robustez del proyecto. Pero una prudencia que no ha de estar reñida con la innovación y con la aplicación de las más avanzadas técnicas de gestión empresarial a las estructuras universitarias. Así la prudencia no debe significar la selección de profesores mediocres, la admisión de estudiantes también mediocres, esencialmente en consideración al equilibrio entre los ingresos y los gastos de la cuenta de explotación de la universidad.
La pérdida de la calidad es un signo de mal gobierno, que desemboca irremediablemente en desequilibrios en la cuenta de explotación. Así una visión demasiado cortoplacista desemboca siempre en desequilibrios a medio y largo plazo que pueden, incluso, poner en peligro la continuidad del proyecto.

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